Crevillent ( 6/2/2016).- La Portavoz del Partido Popular Loreto Mallol , ante la concentración que realizaron el pasado viernes concejales y militantes de Compromís y su socio PSOE reclamando que la Diputación de Alicante se adhiera al Fondo de Cooperación Municipal, ha explicado que el Fondo de Cooperación Municipal viene recogido en el artículo 64.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local contempla su creación en el artículo 201. Se trata de una partida presupuestaria de la Generalitat Valenciana destinada a financiar servicios, infraestructuras y equipamientos de los municipios. La Ley fue aprobada con los votos de PP y Compromís, la abstención de Esquerra Unida y los votos en contra del Partido Socialista, porque su ponente, Ximo Puig, actual Presidente de la Generalitat decía que debían ser no menos de 300 millones de euros y al menos el 2,5% del presupuesto de la Generalitat Valenciana.
Ahora que gobiernan en la Generalitat Compromís y PSOE, han cambiado de opinión y han rebajado la cantidad que antes pedían a la Generalitat de forma considerable y además quieren que una parte la paguen las Diputaciones.
Este Fondo de Cooperación Local existe en Andalucía y en Galicia, por poner unos ejemplos, indica la Portavoz Popular y lo pagan los gobiernos autonómicos y no las diputaciones.
Lo que pretende Compromís y PSOE es que la Diputación de Alicante pague 13,7 millones de euros a la Generalitat Valenciana y esta los reparta entre todos los municipios de la Comunidad Valenciana, es decir se decida en Valencia y no en Alicante a que servicios, infraestructuras o equipamientos se destina.
“Es muy sencillo de entender: queremos el Fondo de Cooperación Local, está creado por Ley y deberá pagarlo la Generalitat, así lo pidió Ximo Puig en su momento, y así lo hacen otros gobiernos autonómicos como por ejemplo Andalucía, donde también gobierna el PSOE. La Diputación de Alicante todos los años gasta unos 25 millones de euros en gastos sociales y sanitarios que debería pagar la Generalitat, mucho más de los 13.7 millones que dicen PSOE y Compromís que vendrían a la provincia de Alicante. Miren, cuando se elabora un plan se tiene que tener dinero para pagarlo. Que paguen otros es muy cómodo y eso es lo que pretenden ustedes desde la Generalitat. Pero sin hablar de números ¿qué sentido tiene que la Diputación de Alicante pase un dinero a la Generalitat y esta decida si vuelve en su totalidad a Alicante? Está claro que el Presupuesto de la Diputación es el que es y si se va a Valencia una cantidad se tendrá que quitar de algún sitio y rebajar la cantidad destinada a ayuntamientos. Hay un plan de subvenciones en la Diputación, al quede pueden acudir todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante y así consideramos que debe seguir. Debemos estar tranquilos porque el Ayuntamiento no va a perder nada.
En 2016 la Diputación de Alicante ha destinado, en general, 144 millones de euros en ayudas a los municipios, sin contar bomberos y servicios sociales, frente a los 13 millones de la Generalitat. Concretamente la Diputación de Alicante destinó a inversiones en la provincia 75 millones de euros frente a los 30 de la Generalitat.
Por otro lado, explica Loreto Mallol, la Diputación de Alicante está pagando competencias que corresponden a la Generalitat Valenciana como son el Hogar Provincial, el Hospital Psiquiátrico Dr. Esquerdo, el Instituto de Familia Pedro Herrero y la teleasistencia que suponen un gasto de algo más de 22 millones de euros. 120 personas, por poner un ejemplo sencillo, tienen teleasistencia en Crevillent
Solo en 2016 Crevillent ha recibido de la Diputación Provincial 1.816.597 euros y en 2017 no vamos a perder nada, porque la cantidad de la que hablan Compromis y PSOE, la tendremos sin necesidad de que pase antes por la Generalitat.
Respecto al Plan Objetiva de Compromis, hay que recordarle a su portavoz que las ayudas que ofrece la Diputación a los municipios y asociaciones se realizan mediante convocatoria de pública concurrencia competitiva y abierta, con criterios técnicos de valoración, por lo que no son arbitrarias ni están sujetas a lloros de los alcaldes ante nadie, hay una Ley General de Subvenciones. Las subvenciones nominativas vienen recogidas en los presupuestos. Todas las subvenciones son públicas.