siete millones de personas tienen que dedicar más del 10% de sus ingresos al pago del consumo de energía.
La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas viéndose obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas.
Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles (de ellos 654.000 valencianos), con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no.
A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.
A este hecho hay que añadir que el número de beneficiarios del bono social de la luz es cada vez menor debido a los recortes del PP. Así, en la provincia de Alicante hemos pasado de 143.390 en 2011, a 136.848 en 2012 y 129.596 en 2013, y ello no se debe precisamente a que haya aumentado el número de personas que no lo necesitan.
Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación.
La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos.
Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes.
Según ha indicado el portavoz socialista, Cayetano Mas:
“Estamos hablando de 7 millones de personas y 654.000 en la Comunidad Valenciana. Además, el bono social de la luz cada vez se concede a menos personas. Por todo eso, es preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado”.
Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética, y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales casusas por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta.
Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema.
