El Grupo Popular afirma que es faltar a la verdad que alguno de los comunicados de otras fuerzas políticas y sociales digan, en relación con la condena a un funcionario por acoso laboral en un juzgado de lo penal, que el acoso se hubiera producido ante la inactividad del Ayuntamiento gobernado por el PP, cuando fue precisamente el anterior Gobierno Popular el que trasladó ante la jurisdicción penal los antecedentes administrativos, debido a la gravedad de los hechos entonces presuntamente cometidos, entendiendo los servicios jurídicos del Ayuntamiento que el expediente sancionador debía remitirse a los juzgados penales dado que los hechos denunciados excedían de la pura infracción administrativa, como así ha sido, al haberse apreciado la comisión de un delito contra la integridad de las personas por acoso sobre la funcionaria víctima de la situación.
El Grupo Popular explica que antes de esta denuncia, ya hubo otra contra el mismo funcionario presentada por dos empleados temporales en la que ya declaró la víctima y tras un largo expediente que finalizó en 2011,el Ayuntamiento impuso una sanción de 8 meses de suspensión de empleo y sueldo al funcionario, sanción que se aplicó por el Ayuntamiento apartando al funcionario de su jefatura, aunque luego el funcionario suspendido recurrió a la vía judicial contencioso-administrativa y consiguió la anulación de la sanción, por un defecto procedimental al considerar el juzgado que en la celebración de las pruebas testificales administrativas ,al igual que en los juicios penales, tenía derecho la contraparte a estar presente por similitud del proceso administrativo con el penal, aunque en la norma administrativa esto no era exigible.
La funcionaria que testificó entonces, presentó luego una denuncia propia aportando algunos hechos nuevos de acoso hacia ella que el Ayuntamiento aún consideró más graves que los anteriormente denunciados, conociendo también el Ayuntamiento que en un primer momento la funcionaria había declarado a favor de su jefe en el anterior procedimiento, pero que lo había hecho bajo presión de éste. A la vista de ello los servicios jurídicos municipales informaron que todo esto era materia penal y no propiamente administrativa sancionatoria. En cumplimiento de lo anterior se remitió por el Ayuntamiento todo lo actuado administrativamente a los juzgados penales.
Tampoco es cierto que el Ayuntamiento se desentendiera de la víctima abandonándola y que dejase a su jefe denunciado en su sitio, desplazando a la funcionaria acosada de su trabajo propio, como si ella fuese la culpable. Nada más conocerse la nueva situación y estando de baja la víctima, en su informe los servicios advirtieron de la conveniencia de separar cautelarmente a ambos funcionarios en el trabajo hasta que se resolviese jurídicamente el asunto, puesto que hasta que no se finalizara el procedimiento, el jefe del área denunciado gozaba de la presunción de inocencia y tenía derecho a amparo administrativo. Hubo entonces una reunión en la Alcaldía con la funcionaria acosada y otras personas de su confianza en donde de forma consensuada se acordó con ella su recuperación para el trabajo con la separación física y funcional de su jefe de área, dividiendo los cuatro departamentos del área en dos áreas, con dos departamentos cada una, pasando a ser la funcionaria acosada la jefe de dos departamentos que se le sustrajeron al funcionario denunciado, tareas éstas que la víctima ha venido desempeñando desde entonces con una gran eficiencia y dedicación. Por tanto, desde que la funcionaria acosada presentó su denuncia, el Ayuntamiento no permaneció inactivo ya que inició el expediente sancionador y por otro lado evitó la concurrencia laboral de ambos funcionarios sin degradar a la funcionaria, al promocionarla con una nueva jefatura dentro de la que había sido su área, en menoscabo de su anterior jefe.
Respecto a las consecuencias de la actual sentencia penal, el Grupo Popular no va a emitir ningún juicio anticipado precipitado como los que hasta el momento algunos han hecho desconociendo parte de los hechos. Durante su gobierno el PP siguió en todo momento lo ordenado en los informes jurídicos municipales, la presente condena penal es fruto de la actuación municipal de entonces y en estos momentos el Grupo Popular considera, al igual que el actual Gobierno Tripartito, que lo que procede es esperar a que los servicios jurídicos municipales interpreten los efectos de la sentencia y sus consecuencias administrativas internas, para entonces decidir qué hacer.
